La justificación de una subvención es el proceso con el que el beneficiario demuestra, con documentos, que ha cumplido la finalidad de la ayuda y en qué ha gastado los fondos. Lo regula el artículo 30 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y la forma más habitual es la cuenta justificativa, que reúne una memoria de la actividad y los justificantes del gasto.
Cuando la ayuda ha servido para comprar equipos, la justificación suele pedir identificar cada bien, con su factura, su número de serie y su ubicación, y demostrar que se usa para el proyecto. Por ejemplo, un grupo de investigación que compró un cromatógrafo con fondos europeos debe poder enseñar el equipo, su etiqueta y su ficha si el organismo financiador hace una comprobación.
El beneficiario debe conservar los documentos justificativos, también los electrónicos, mientras puedan ser objeto de comprobación y control (art. 14.1.g). Una justificación insuficiente puede dar lugar al reintegro total o parcial de la ayuda.