El periodo de afectación es el tiempo durante el que un bien comprado con una subvención debe seguir destinado al fin para el que se concedió la ayuda. Lo fijan las bases reguladoras, y la Ley 38/2003, General de Subvenciones (art. 31.4), establece un mínimo de cinco años para los bienes inscribibles en un registro público y de dos años para los demás.
Por ejemplo, un grupo de investigación compra un cromatógrafo con un proyecto financiado con fondos públicos. Durante el periodo que marquen las bases, debe poder demostrar que el equipo sigue existiendo, dónde se encuentra y que se usa para el fin del proyecto.
Vender el bien o cambiar su destino antes de tiempo incumple esa obligación y da lugar al reintegro de la ayuda. La ley admite excepciones, como sustituir un bien no inscribible por otro que sirva al mismo fin con la autorización de la Administración que concedió la subvención.